El presidente Javier Milei tomó la decisión de reformar la estructura de la Policía Federal (PFA) a partir de una propuesta de Patricia Bullrich. Tanto en el Ministerio de Seguridad como en Desregulación, donde manda Federico Sturzenegger, sostienen que no hay tiempo que perder, porque el 9 de julio vencen las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, comprendidas en la ley Bases. El Gobierno no buscará una prórroga porque no cuenta con los votos que consiguió hace un año. Por eso acelerará en los veinte días que le quedan por delante. El DNU 383/25 es parte de ese apuro, pero la reforma de la Ley Orgánica de la PFA pateó un hormiguero y abrió varios frentes adversos para Bullrich y para la administración libertaria.
La avanzada de la oposición contra la ministra se da justo en el momento en que es una de las principales enemigas del peronismo. En particular por las decisiones que adopta en torno a la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, que también impactarán en los cambios que Pato lanzó para la PFA.
En este sentido, uno de los problemas que se avecinan para la reforma de la Federal mediante un DNU se cocinó en la Cámara baja y fue preparado por un sector del radicalismo, reunido en el bloque Democracia para Siempre. El exjuez federal y diputado nacional Fernando Carbajal denunció este jueves al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la reforma no se limita “a reorganizar el funcionamiento de la PFA”, sino que “procedió por vía indirecta a reformar el régimen procesal penal argentino, introduciendo inconstitucionales facultades policiales para realizar detenciones y requisas personales sin control judicial, ampliando de manera inusitada las facultades” de la Federal.
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La denuncia, a la que accedió PERFIL, incluye el pedido de una medida cautelar para que la Comisión suspenda una parte del DNU 383/25 y obligue al Estado a “abstenerse de implementar prácticas de control policial sin control judicial ni base objetiva, hasta tanto se adecuen las normativas internas a los estándares internacionales”.
La medida precautoria presentada no es una más. Buscó advertirle a la comisión que Milei violó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 1° de septiembre de 2020. Se trata del fallo sobre Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, que fueron detenidos arbitrariamente en enero de 1998 por agentes de la Federal. La Corte consideró que los procedimientos fueron ilegales y arbitrarios, porque se realizaron sin una orden judicial y sin estado de flagrancia. Además, en ninguno de los casos se establecieron los motivos que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito.
Sobre ese punto se enfocó Carbajal para abrir el camino de una cautelar del sistema interamericano, que tiene sede en Washington. Denunció que el DNU 383/25 violó el punto siete de la sentencia, donde le ordenó al Estado que adecúe “su ordenamiento jurídico interno respecto a las normas que permitan detener, efectuar registros de vehículos o requisas personales sin orden judicial”. La prueba del incumplimiento está en el artículo seis del anexo del DNU, donde reinstala la potestad de la Federal para demorar a una persona “por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, que en ningún caso podrá exceder las diez horas”. Esa capacidad sin intervención judicial fue precisamente condenada por la Corte hace cuatro años y medio. Y el Estado argentino avanzó en la implementación del Código Procesal Penal Federal.
Además el DNU 383/25 aprovecha las facultades de la ley Bases para reestructurar admnistrativamente la PFA pero también habilita ciberpatrullaje y control en las redes. Sin embargo, cuando busca ampliar su capacidad de detención y poder de calle, se arroga facultades de legislación penal, uno de los cuatro temas que están vedados por la Constución para los DNU. La reinstalación de la averiguación de antecedentes se mete en la arena penal y abre el segundo frente: la posibilidad de que el decreto sea rechazado por las dos cámaras del Congreso, como sucedió el año pasado con el DNU 656/24, que ampliaba en 100 mil millones de pesos los fondos reservados de la SIDE. Fue la primera vez en la historia, desde la reforma constitucional del 94 y la posterior reglamentación de los decretos con la Ley 26.122 de 2006, que los dos recintos hacen caer un DNU.
Ya fueron presentadas cuatro iniciativas en Diputados para rechazarlo. Todavía corren los diez días para que el DNU sea enviado al Congreso. Y luego otros diez para que sea tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La diputada Mónica Macha, de UxP, le puso la firma a una iniciativa de rechazo y luego hicieron lo mismo los bloques de Democracia para Siempre (donde está Carbajal) y del Partido Socialista, que integra Encuentro Federal. El primero en presentar la caída del DNU fue el Frente de Izquierda. A los cuatro textos se sumó la Coalición Cívica. Es una sumatoria de voluntades que estaría a 15 de las 129 necesarias para el quórum y la mayoría. En el Senado el bloque Convicción Federal (de UxP) anticipó su rechazo.
Paralelamente Bullrich ordenó un dispositivo muy intrusivo de requisas en los accesos a la Capital durante la última movilización que colmó Plaza de Mayo. Los uniformados fotografiaron documentos, y los rostros de los manifestantes que se transportaban en colectivos. También los interrogaron. El diputado Leopoldo Moreau (UxP) anticipó que demandará penalmente a la ministra por ordenar tareas que violan la Ley de Inteligencia. También llevarán la denuncia a la Comisión Bicameral de Seguimiento de organismos de espionaje estatal.