En la primera semana de agosto vence el plazo para que quienes estén interesados en quedarse con los activos en la Argentina de la petrolera brasileña Raízen presenten sus ofertas. El paquete no es menor: incluye la refinería en Dock Sud y las 700 estaciones de servicio que hoy operan con la marca Shell. Se estima que será una operación de entre US$900 millones y US$1000 millones. Junto con la venta de Exxon, podría ser una de las más grandes transacciones del año. La multinacional Trafigura, la empresa holandesa Vitol y la suiza Mercuria son alguno de los nombres que suenan como interesados. La de Raízen, sin embargo, no sería la última gran transacción del año. Hay en gateras una decena de mandatos -entre ellos, el de la cadena de supermercados Carrefour, y el del 50% de la empresa Profertil- que podrían avanzar en este segundo semestre.
Algunos esgrimen que se debe a una revisión internacional estratégica, otros, a una realocación de activos global. No importa cuán bien esté haciendo los deberes la administración libertaria. La casualidad es que muchos de los grandes nombres que hace tiempo estaban operando en el país están encontrando en este momento la oportunidad de salirse. El fin del cepo fue el disparador que necesitaban. La realidad es que, desde la óptica del inversor internacional, el camino que todavía queda por recorrer para recuperar la credibilidad perdida es largo. Y muchos temen que, tal como le sucedía en la mitología griega a Sísifo cada vez que lograba cargar la piedra hasta la cima de la montaña, eventualmente la Argentina vuelva a tropezar con los mismos problemas.
Algo de este sentimiento quedó plasmado en un extenso informe sobre la Argentina publicado esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo internacional que reúne a algunos de los Estados más desarrollados del mundo elogia los logros de la gestión libertaria en materia fiscal y de reducción de la inflación, pero advierte que algunos recortes de capital, si se sostienen en el tiempo, podrían tener “efectos perjudiciales en la calidad de la infraestructura y en la productividad de largo plazo”.
“Si bien mejorar la posición fiscal de la Argentina en los próximos años es una precondición para recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito, la política fiscal requerirá una mayor sintonía fina de forma tal de mantener la prudencia fiscal pero al mismo tiempo potenciar el crecimiento”, subraya el texto, que destaca la necesidad de avanzar con una reforma tributaria que reemplace impuestos distorsivos por mayores tributos a los ingresos y al consumo. Al mismo tiempo, en el reporte que contiene 130 páginas, hace hincapié en la importancia de “flexibilizar las regulaciones laborales y reducir el costo laboral no salarial de los trabajadores de bajos ingresos para reducir la informalidad”. Y, no menor, habla en múltiples pasajes de la importancia de impulsar la “integridad del sector público”, como condición para mejorar la productividad.
No es nuevo lo que dice la OCDE, pero cobra especial relevancia en jornadas en las que vuelve a ponerse a prueba la habilidad política del Gobierno para avanzar en reformas y además sostener su programa económico. La sesión del jueves en el Congreso poco colabora en ese sentido. Está claro, tal como sugiere el informe del organismo internacional, que el recorte fiscal hasta ahora fue eficaz -considerando que el Gobierno no tenía respaldo legislativo para hacerlo de otra forma-, pero tal cual se hizo no es sostenible en el tiempo. La administración libertaria especulaba con poder plantearlo después de octubre, pero la demanda de los gobernadores se adelantó en el tiempo. Más aún, todo indica que no frenarán en esta embestida legislativa. Hay algunos gobernadores que están estudiando la posibilidad de ir a la Corte Suprema para reclamar por el abandono por parte del Gobierno del mantenimiento de las rutas nacionales. Así como a nivel nacional las encuestas empiezan a mostrar que la gente ahora está más preocupada por el empleo o la inseguridad que por la inflación, en el interior el estado calamitoso de las rutas no pasa inadvertido.
Los caudillos provinciales parecen haber encontrado el timing perfecto para responder a meses de destrato libertario. Hace tiempo que, en privado, los gobernadores expresaban su malestar con la administración central. La cercanía de la temporada del pago de aguinaldos sólo terminó por aglutinarlos. Los traspiés del oficialismo con el caso Libra y con el avión de las 10 valijas que entraron al país sin control de la Aduana vulneraron aún más la posición negociadora del Gobierno, que de por sí, ya se preparaba a adentrarse en semanas de mayor volatilidad financiera, propias de todo periodo preelectoral.
Una vez más, el Gobierno espera que, en octubre, las urnas vuelvan a ponerlo en una posición de fortaleza. Con una debilidad legislativa de origen y sin alianzas partidarias fuertes, Milei logró en este año y medio sustentar gran parte de su gestión en un respaldo popular que en muy pocos momentos lo abandonó. Todo indica que prevé poder sostener la misma estrategia después de octubre.
En el corto plazo, escasean las buenas nuevas para el Gobierno. Dados los números preliminares que manejan en Economía, es muy probable que en julio, por primera vez en lo que va de 2025, se informe un leve déficit financiero -el resultado entre ingresos y gastos, una vez que se pagan los intereses de la deuda-. Desde que asumió Milei, esto sólo se había dado en diciembre pasado.
La demora en la revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también retrasa el desembolso de los US$2000 millones que originalmente estaba previsto para junio pasado, y mete algo de presión en el mercado de cambios. Hasta el miércoles, el directorio del organismo internacional de crédito no había recibido el reporte del staff ni tenía fecha en agenda para tratar el caso argentino. El Gobierno, que es mucho más pragmático de lo que admite, parece estar haciendo los deberes para acercarse a las demandas de los técnicos del organismo. El martes último, el Tesoro volvió a comprar dólares de manera directa en el mercado de cambios. Se hizo de US$ 20 millones que, sumados a las compras de las semanas anteriores, ya le permitieron acumular unos US$400 millones. Son todas compras de divisas “dentro de la banda de flotación”, algo que parecía una herejía hasta hace pocos meses.
“El FMI ve con buenos ojos la acumulación reciente de reservas mediante compras y emisiones de deuda; también se siente más cómodo con el dólar más alto”, reconoció una fuente al tanto de las conversaciones informales que suelen darse entre los miembros del board. Aunque no ocultan sus diferencias, en el directorio del FMI prevalece la vocación de seguir acompañando los esfuerzos de la gestión libertaria. La decisión de postergar la revisión del programa que originalmente debía hacerse en junio no es más que una señal. El tiempo, en este caso, debe interpretarse como un favor, más que como una penalidad.
El contexto internacional no da margen para el error tampoco. La decisión de Donald Trump de imponerle a Brasil aranceles del 50%, puso en alerta a muchos industriales locales. “Hay que prepararse para que nos inundemos de productos brasileños que antes iban a Estados Unidos”, se adelantó uno en un chat del que participan empresarios. El Gobierno espera no correr la misma suerte en sus negociaciones comerciales con EE.UU., pero las conversaciones siguen. Milei, sin embargo, no tiene empacho en hacer equilibrio entre las potencias que hoy pujan por el liderazgo global. Así como insiste en marcar su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en una entrevista la semana pasada con la televisión australiana, remarcó: “China ha demostrado ser un excelente socio comercial. En defensa de los intereses de los argentinos he profundizado mi relación comercial con China. Esto es un trabajo, no cuentan mis preferencias, sino lo que es mejor para el país”.