“Hace 15 años que tengo amigos, hace 15 años tuve mi primer novio”, cuenta a PERFIL Graciela (42). Ese es el tiempo que lleva asistiendo a la Fundación IPNA, que trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. Cuenta con un centro de día en Cañuelas y un centro educativo terapéutico en la Ciudad de Buenos Aires, donde atienden a niños, niñas y adolescentes. Después de 37 años de funcionamiento, y por la falta de actualización de las tarifas –que habilita el Estado nacional–, hoy corre riesgo de cierre.
La ley que declara la emergencia en discapacidad contempla una actualización para estos servicios. Fue aprobada por el Congreso, pero el Presidente la vetó este fin de semana: “Si no acompañan el veto, son genocidas”, había afirmado en radio Mitre hace pocos días en referencia a los legisladores. Ahora quedará en sus manos rechazar ese veto.
“Durante los últimos cinco meses del año 2024 los aumentos a los prestadores han sido menores al 1% mensual y, desde el mes de enero de 2025, el sector de discapacidad no percibe ningún incremento, mientras que los costos operativos suben alineados a los precios de los alimentos, los aumentos de sueldos y demás insumos que utilizamos para llevar adelante nuestras actividades diarias”, explica a PERFIL Alex Goldman, presidente de IPNA.
La Fundación tuvo que endeudarse para afrontar costos fijos, como los salarios y las cargas sociales. Además, se vieron obligados a vender un vehículo que utilizaban para actividades de inclusión y relacionamiento con la sociedad, detalla Goldman. “Estamos haciendo un esfuerzo por sostener la atención de calidad para las personas con discapacidad. Solo podemos hacer el mantenimiento reglamentario, pero hay herramientas de trabajo diario que se rompen y no las podemos reponer. Trabajamos con lo básico para no tener que cerrar”, agrega.
“La Fundación IPNA es mi segunda casa. Ahí trabajamos diferentes cosas, y los chicos y las chicas estamos muy contentos porque podemos hacer muchos trabajos y acercarnos al mundo laboral y a la sociedad que de a poco nos acepta”, explica Graciela. Tanto los profesionales como las personas que asisten y sus familias están preocupadas por el futuro. “Nosotros estamos resistiendo como podemos”, afirma.
De continuar las cosas como están, agrega Goldman, “nos veremos obligados a cerrar nuestras puertas”. Algo que, resalta, “no implica solamente una pérdida económica. También significa la pérdida de tratamientos, vínculos comunitarios y la posibilidad real de una vida en comunidad para decenas de familias”, concluye.
“Todas las madres de chicos que van a la Fundación se sienten tranquilas porque están protegidos, cuidados. No queremos que la cierren porque ese es el segundo hogar de nuestros hijos y la tranquilidad de los padres”, agrega Beatriz, mamá de Graciela.
El Presidente también vetó un aumento de las jubilaciones del 7,2%, el incremento del bono y la restitución de las moratorias, aprobadas el mismo día en el Congreso.
Julio Muñiz (81) cobra el haber mínimo, que en agosto es de $ 314 mil. En los últimos meses, por las nuevas regulaciones del PAMI, le quitaron 7 de los 13 medicamentos que hasta hace tiempo tenía con cobertura del 100%. “En tres remedios que no me cubren más tengo $ 277 mil de gasto. Yo tengo varias operaciones, la más grave fue del corazón. Después de luchar varios meses me aprobaron seis”, comenta a este medio. Para el resto tiene ayuda de sus hijas, que viven en España. Con eso, define, tiene que “subsistir”. No existe la posibilidad de ningún consumo extra, como el que puede implicar salir a ver a sus amistades. El tiempo pasa entre su casa, los médicos y PAMI, que cada vez pone más trabas para seguir cubriendo lo que hasta ahora, explica. “La última vez se equivocaron. Cuando fui a buscar los medicamentos a la farmacia a uno lo tuve que pagar porque la receta dice que el medicamento es el mismo, pero compuesto. Ahora me dieron otra planilla para que vuelva a completar”. Lo cuenta con un poco de resignación y cansancio. Tal vez porque llegó a la Argentina desde Asturias a los 13 años y desde entonces trabajó en diferentes rubros.
En palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, –cuando anunció el cambio en la política migratoria– la suya sería una migración “virtuosa”, una de las que “en base al trabajo y al respeto por la ley, aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país”.
Pero esa grandeza y esos aportes no tienen una retribución, ni siquiera en un bono, congelado en $ 70 mil. “Qué se le va a hacer, tal vez es lo que nos merecemos”, reflexiona Julián.
En los cálculos de costos no entran estas historias. La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que la ley de emergencia en discapacidad tendría un impacto presupuestario de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, algo que desde el Gobierno consideran “irresponsable”.
“Escuchaba a diputados que planteaban que tenemos que cuidar el dinero para el futuro. Yo entiendo que, en situaciones de un país pobre, porque Argentina es un país pobre, hay que cuidar el dinero público. Pero tenemos que entender que hay personas que dependen de esto para vivir”, precisó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ante la Comisión de Salud del Senado, en pleno tratamiento de la ley de emergencia.
“Sin IPNA yo no vivo. Yo milito para que no me saquen mi lugar”, afirma en el mismo sentido Graciela. “Les pido a todos que piensen en nosotros. No en mí, sino en cada uno de los chicos y chicas que van, trabajan, comen, tienen amigos y profesionales ahí.