En el marco de la conciliación obligatoria vigente y tras una audiencia realizada este jueves en la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Córdoba, la empresa Petroquímica Río Tercero (PR3) presentó una propuesta para pagar de forma escalonada los salarios correspondientes al mes de julio, medida que fue rechazada por los trabajadores y sus representantes sindicales.
Según informó la compañía, desde el 14 de julio no realiza actividad productiva debido a una grave crisis económica-financiera que derivó en el cierre parcial de su planta. PR3 explicó que esta situación está vinculada a la caída del precio internacional del diisocianato de tolueno (TDI), su principal producto, que afectó severamente sus ingresos y restringió su acceso al crédito. En ese contexto, el 17 de julio la empresa inició un Concurso Preventivo de Acreedores, aprobado recientemente por el juzgado correspondiente.
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La propuesta presentada consistió en el pago inmediato del 60% de los salarios de julio como adelanto, y saldar el 40% restante durante el mes de agosto. A cambio, la empresa solicitó que el personal sin tareas asignadas desocupe la planta para permitir la preparación del reinicio de la actividad en condiciones seguras, así como la convocatoria progresiva del personal no afectado por los despidos efectuados el 14 de julio.
Sin embargo, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero (SPIWQYP) rechazó la oferta y calificó la propuesta como una maniobra extorsiva. El gremio denunció que la empresa no pagó los salarios de julio y alertó sobre más de 120 despidos recientes, que se suman a alrededor de un centenar realizados en octubre de 2024, en lo que definieron como una “masacre laboral”.
Ante el recrudecimiento del conflicto, los trabajadores mantienen una asamblea permanente dentro de la planta, y denunciaron situaciones de tensión con la policía local, que bloqueó el ingreso al personal en medio de la conciliación. El sindicato responsabiliza a los gobiernos local, provincial y nacional por la seguridad de los trabajadores y convocó a un amplio apoyo de la comunidad obrera y social para defender los derechos laborales y la continuidad de la fábrica.
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Por su parte, la empresa comunicó que, tras el rechazo sindical, depositó los haberes conforme al marco legal vigente en el proceso concursal, reafirmando su compromiso por buscar una solución que permita la recuperación de la producción y la preservación de fuentes de trabajo.
La conciliación obligatoria, que fue extendida hasta el 18 de agosto, será clave para intentar destrabar este complejo escenario que atraviesa uno de los sectores industriales emblemáticos de Río Tercero.