La Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, falló a favor de la Argentina y dejó en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como pago en el juicio por la estatización del 51% de la empresa petrolera.
Asimismo, el Estado podrá sostener su apelación sin ofrecer una garantía. Esa instancia se resolverá el lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales de medio término.
Así lo informaron las autoridades de esa corte neoyorquina este viernes y lo publicó el especialista Sebastián Maril. La jueza Preska, encargada del caso, había determinado el 30 de junio que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
La defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite que la Argentina no entregue las acciones a la espera del fallo sobre la apelación, que se resolvería el 27 de octubre.
Además de los US$ 16.100 millones, la condena de septiembre de 2023 tiene un interés diario mayor a los US$ 2 millones, producto de una tasa anual de 5,24%.
«Tras la debida consideración, se ORDENA que se CONCEDAN las mociones de suspensión y que se SUSPENDAN las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 en espera de la resolución de estas apelaciones. Además, se ORDENA que se CONCEDAN las mociones de los Estados Unidos para presentar escritos como amicus curiae», reza el fallo, que difundió Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en la materia.
La Procuración del Tesoro de la Nación comunicó que «esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos».
«La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses», agregaron los defensores del Estado.
Esa apelación a la sentencia de fondo se resolvería recién a mediados de 2026.
«Dicho fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación», plantearon, en una crítica al gobierno de Cristina Kirchner.
Y cerraron con que «durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina ejerce plenamente su derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar sus derechos y los intereses de sus ciudadanos».
El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el financista del fallo que tiene como beneficiarios a las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora -que fueron a la quiebra en España- y Eton Park.
El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía -una decisión soberana-, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que indica el estatuto de YPF cuando se quiere comprar más del 15% de las acciones.