La Argentina le solicitó a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido que le realizó al país para que entregue las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF, para poder investigar correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales.
Este es un primer avance del gobierno argentino hacia un intento por resolver la situación, aunque todo indica que, en caso de que se obtenga una respuesta negativa por parte de la magistrada, se podría avanzar sobre la apelación de la medida.
La primera argumentación se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y la Argentina no tiene ese control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
Además, según la Procuración del Tesoro, el escrito también sostiene que, según el derecho argentino, «dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos». Por esto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.
La segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la Argentina, que no son susceptibles de ejecución. «Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio», sostiene la Procuración.
A través de estos dos instrumentos legales, la defensa argentina solicita al mismo tribunal de Loretta Preska una reconsideración de la decisión del 29 de julio para encauzar el discovery y evitar abusos de la contraparte antes de tener que acudir a una instancia superior en apelación.
A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.
El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.