La ONG Poder Ciudadano pidió hoy en la justicia ser parte de la causa judicial en la que se investigan los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que habla de un esquema de pago de coimas en los que estarían involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor principal, Eduardo «Lule» Menem.
La entidad solicitó tener el rol de querellante en la causa. Se trata de ser un acusador privado que acompaña en la investigación del caso a la Fiscalía. El planteo debe ser aceptado por el juez federal Sebastián Casanello. Si eso ocurre, Poder Ciudadano podrá ser parte del expediente y pedir medidas de prueba, entre otras acciones.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Poder Ciudadano, a través de su presidente, Pablo Secchi, y de los abogados Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, hicieron el pedido en un escrito de 14 páginas.
En su presentación la ONG destacó que fue fundada en 1989 y que uno de sus objetivos es «apoyar e impulsar proyectos o investigaciones tendientes a logar una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos judiciales y/o administrativos».
«Los hechos que se investigan en el presente caso sin lugar a dudas resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar», sostuvo Poder Ciudadano en su presentación.
La causa está bajo secreto de sumario y no se conoce el contenido de la investigación. Por eso, la entidad señaló que «en atención al estado inicial de la investigación, es aventurado concretar imputaciones contra personas determinadas, pero es indudable que el ex funcionario Diego Spagnulo es una de las personas que deberán brindar su descargo en estas actuaciones y, a partir de allí, se podrán efectuar mayores precisiones».
Así no avanzó sobre otros nombres que figuran en la denuncia que investigan el fiscal federal Franco Picardi y el juez Casanello como Karina Milei, «Lule» Menem, la familia Kovalivker -dueña de la droguería Suizo Argentina acusada por Spagnuolo en sus audios de pagar coimas- y el propio presidente de la Nación, Javier Milei, a quién según el ex titular de la ANDIS le había contado los hechos de corrupción.
«Los hechos que se investigan en el presente caso sin lugar a dudas resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar. La corrupción, no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas. Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación», explicó Poder Ciudadano en su presentación.
La entidad recordó que ya querellante en varias causas de corrupción, dos de ellas que actualmente se tramitan. Una contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito por su lujoso viaje a Marbella con la modelo Sofía Clerici y la segunda por los retornos que se cobraban en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que recaudaba Julio «Chocolate» Rigau.
En la causa por los audios de Spagnuolo se hicieron allanamientos a Suizo Argentino, a la ANDIS y a las viviendas de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y a los dueños de la droguería, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, quienes están a cargo de la empresa.
A todos se les secuestraron los teléfonos celulares para ser peritados, lo mismo que computadoras y otros elementos tecnológicos. En tanto, el abogado de los Kovalivker, Martín Magram, pidió el cierre de la investigación al plantear la nulidad del expediente por la veracidad de los audios de Spagnuolo y la cosa juzgada porque el año pasado se investigaron la compra de medicamentos de ANDIS y el caso se archivó.