Dirigentes del oficialismo y espacios aliados se reunieron este lunes en Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria de cara a las sesiones extraordinarias. El encuentro sirvió para delinear un esquema de trabajo que, si bien mantiene a la reforma laboral como eje central, amplía el temario con iniciativas de alto impacto político.
Entre ellas, comenzó a ganar protagonismo la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil, una propuesta que reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los menores y que promete convertirse en uno de los temas más controvertidos del año legislativo.
Luego del encuentro, el Gobierno confirmó que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde también se abordaron las negociaciones por la reforma laboral impulsada por el oficialismo. A través de su cuenta de X, Adorni ratificó que la denominada «Ley Penal Juvenil» será uno de los ejes del debate parlamentario durante febrero.
La iniciativa cuenta con un antecedente clave en Diputados: el dictamen de mayoría consensuado en 2024 por un plenario de cuatro comisiones, que acordó reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y un esquema de sanciones alternativas para condenas menores a 10 años.
El texto reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros bloques, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron cualquier modificación al régimen actual. Desde el oficialismo, referentes como Patricia Bullrich y Luis Petri presionaron para avanzar con el debate y sostuvieron que la reforma es «urgente y necesaria» para combatir la impunidad y prevenir nuevas víctimas.
Bullrich vuelve a empujar la baja de la edad de imputabilidad
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, instaló otra con fuerza la necesidad de revisar el régimen penal aplicable a jóvenes que cometen delitos graves. Su posición, expresada tanto en el ámbito parlamentario como en redes sociales, apunta a modificar la legislación vigente y avanzar con cambios durante 2026.
El planteo no es nuevo, pero encuentra ahora un escenario político distinto, con mayor visibilidad pública del tema y un Congreso que comienza a reordenarse tras los últimos cambios en la correlación de fuerzas.
El proyecto que tuvo recorrido, pero quedó a mitad de camino
La iniciativa sobre el Régimen Penal Juvenil no parte de cero. Durante 2025 logró dictámenes favorables en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a tratarse en el recinto. La falta de consensos y las tensiones internas frenaron su avance.
Con la nueva composición parlamentaria, el proyecto vuelve a tomar impulso y se posiciona como uno de los debates más delicados, no solo por su contenido, sino por el impacto político y social que genera.
El Gobierno reconoce que la incorporación de la ley Penal Juvenil al temario no estaba prevista en esta etapa. Sin embargo, la creciente demanda social vinculada a la inseguridad y a hechos de violencia protagonizados por menores aceleró la discusión.
Especialistas legislativos advierten que el tratamiento del proyecto difícilmente se agote en las sesiones extraordinarias y que su recorrido podría extenderse en el tiempo hasta alcanzar acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición.
Los tres casos que impulsaron al Gobierno a sumar el proyecto en extraordinarias
El debate público sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a cobrar fuerza a comienzos de este año, impulsado por una serie de crímenes de extrema violencia cometidos por menores. Entre los casos que reavivaron la discusión se encuentran el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años; el homicidio de Joaquín Ibarra, de 21; y la muerte de Uriel Giménez, de 12.
Crimen de Monzón
Uno de los hechos más conmocionantes fue el crimen de Monzón, un adolescente de Santo Tomé, Santa Fe, que había desaparecido el 18 de diciembre y fue hallado asesinado cuatro días después en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio de Colón.
La autopsia reveló entre 20 y 23 puñaladas y determinó que la muerte ocurrió el mismo día de la desaparición. Por el hecho fueron detenidas su expareja, de 16 años, su madre —investigada como presunta partícipe— y otros dos menores de 14 y 15 años, estos últimos no punibles y actualmente en libertad. El caso tuvo amplia repercusión tras la difusión de un video que habría sido grabado durante el ataque.
Ataque a Ibarra
Otro episodio ocurrió en Alderetes, Tucumán, donde Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, murió tras ser baleado durante un intento de robo cometido por dos adolescentes de 16 y 17 años.
El ataque se produjo cuando la víctima esperaba a un amigo en la vía pública. Ibarra fue trasladado a un hospital, pero falleció horas después. Los sospechosos fueron detenidos y derivados a un centro de admisión por tratarse de menores.
Caso de Uriel Giménez
El tercer caso es el de Uriel Giménez, de 12 años, quien murió en el partido bonaerense de Tres de Febrero durante una persecución y tiroteo entre la Policía Bonaerense y los ocupantes de un vehículo que intentaron evadir un control.
En el lugar se hallaron vainas servidas que habrían sido disparadas desde el auto. El menor tenía antecedentes en una causa por encubrimiento agravado iniciada en octubre pasado.