Información oficial revela que funcionarios del Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a préstamos hipotecarios del Banco Nación por montos significativos. La entidad bancaria asegura que todos los trámites cumplieron con los requisitos habituales.
Datos de la Central de Deudores del Banco Central dieron a conocer que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas obtuvo créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que alcanzan, en los casos más elevados, los 350 mil dólares.
Según la información, entre los beneficiarios figuran integrantes del equipo económico y dirigentes de La Libertad Avanza. El banco público sostuvo que todos los préstamos se otorgaron cumpliendo los requisitos habituales y que no hubo excepciones en el proceso, aplicándose el análisis de ingresos y capacidad de pago de manera estándar.
Entre los créditos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, con montos equivalentes a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación. También figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo de 276 mil dólares; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con más de 200 mil dólares; y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con unos 77 mil dólares.
La lista incluye además a varios diputados oficialistas, como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares, y otros legisladores con montos cercanos a los 145 mil dólares.
Desde el Banco Nación explicaron que estos préstamos se enmarcan en su política crediticia y señalaron que una gran parte de los créditos hipotecarios del país son otorgados por esa entidad, en parte porque administra las cuentas sueldo de empleados estatales.
Sin embargo, desde la oposición pidieron mayor transparencia. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que el banco informe si existieron condiciones especiales, posibles conflictos de interés o trato preferencial hacia funcionarios. El reclamo también apunta a conocer si hubo controles de organismos como la SIGEN y si el Banco Central detectó posibles irregularidades en la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
El tema generó debate sobre el acceso al crédito en el sector público y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones.