En un contexto de alta volatilidad internacional, se implementó un esquema que combina un acuerdo entre petroleras con decisiones del Gobierno para amortiguar el impacto en los precios locales.
En respuesta a la suba del petróleo internacional, YPF anunció un congelamiento por 45 días de uno de los componentes que definen el precio de la nafta y el gasoil. Esta medida forma parte de un acuerdo con petroleras privadas para amortiguar el impacto externo, en el marco de los efectos del conflicto en Medio Oriente.
El precio final al público se compone de cuatro factores principales: el valor internacional del crudo, los impuestos, los biocombustibles y el tipo de cambio. El acuerdo entre empresas actúa sobre el primero, mientras que el Gobierno intervino sobre los otros tres para evitar que el shock se traslade completamente a los surtidores.
El mecanismo privado establece que, mientras el barril supere los US$100, los productores venderán crudo en el mercado local a un valor entre US$90 y US$100. La diferencia se acumula en una cuenta compensadora, financiando a las refinadoras. Cuando el precio internacional baje, los precios en estaciones no descenderán al mismo ritmo, permitiendo saldar esa deuda acumulada.
Por su parte, el Gobierno implementó tres medidas para principios de abril. Primero, una modificación técnica de la Secretaría de Energía que permite aumentar voluntariamente el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta el 15%. Segundo, la suspensión del aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) previsto para abril. Tercero, se destaca la baja del 4% en el dólar mayorista acumulada en el año, contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una devaluación en el corto plazo.
Estas decisiones se dan en un escenario donde las expectativas de inflación para marzo superan el 3%, lo que marcaría diez meses consecutivos sin desaceleración. Un informe del Iaraf indicó que la capacidad de compra de un salario registrado, medida en litros de nafta, cayó un 17% entre febrero y marzo.
El objetivo del esquema combinado es evitar un traslado pleno del aumento internacional a los precios locales, buscando contener el impacto en la inflación y el consumo.