Los candidatos presidenciales cerraron sus campañas con promesas de combatir la criminalidad, en un escenario electoral marcado por la ausencia de un favorito claro y una profunda crisis institucional.
LIMA.– Los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas este viernes, a pocos días de las elecciones generales del domingo, en un contexto donde la lucha contra la inseguridad y la criminalidad se posicionó como el eje central de los discursos. Los actos de cierre congregaron a simpatizantes en un ambiente de incertidumbre, dado que ninguna de las 35 fórmulas presidenciales aparece con ventaja suficiente para evitar un balotaje.
Según los últimos sondeos, la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se mantiene entre las favoritas. En su cierre de campaña en un distrito del sur de Lima, Fujimori se refirió al legado de su padre y prometió medidas de control fronterizo y un sistema penitenciario más estricto. «Soy absolutamente consciente que a donde vamos está el recuerdo, la memoria y la gratitud del mejor presidente del Perú: Alberto Fujimori», afirmó ante sus seguidores.
Por su parte, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, conocido como «Porky», concentró a sus partidarios cerca del centro de Lima. El exalcalde de la capital prometió, como primera medida, la expulsión de migrantes en situación irregular y la construcción de cárceles en la selva para delincuentes peligrosos.
El humorista y candidato Carlos Álvarez, quien irrumpió en la campaña con un discurso de derecha radical, cerró su campaña en un barrio del este limeño presentándose como una opción externa al establishment político. «Queremos un país con mejor educación, con seguridad, sin criminales que nos quitan la vida», declaró.
El empresario Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez, quien promete indultar al expresidente Pedro Castillo, completan el grupo de candidatos con posibilidades de acceder a una eventual segunda vuelta.
El analista Nicolás Saldías, del Economist Intelligence Unit, señaló a la agencia AFP que «el campo electoral de este año está fragmentado: ningún candidato tiene una ventaja convincente y una porción significativa del electorado permanece indeciso».
Estos comicios también marcarán el retorno de un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, después de más de 30 años. La nueva Cámara Alta no podrá ser disuelta y tendrá facultades para designar autoridades de control y destituir al presidente, en un intento por superar la crisis política que ha llevado a Perú a tener ocho presidentes y tres Congresos en la última década.
La economía peruana llega a las elecciones con una proyección de crecimiento del PBI del 3% para este año, impulsada por los altos precios del cobre, y una inflación anual controlada en torno al 2%. Sin embargo, el Ministerio de Economía estima que el costo de la criminalidad consume el 1,7% del PBI, unos 5.000 millones de dólares anuales, actuando como un impuesto que afecta al consumo y la inversión privada. Expertos señalan que la llegada de grupos criminales extranjeros en la última década ha introducido nuevos métodos de violencia, agravando el problema.