El jefe de Gabinete anunció la intención de reformar la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca generar un debate legislativo para actualizar la normativa sancionada en 2012.
El Gobierno nacional anunció que elevará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Tierras, oficialmente denominada Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada a comienzos de 2012.
La normativa actual establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, limitando la propiedad a no más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal. Su objetivo declarado es la protección de un recurso estratégico no renovable.
El anuncio de modificación se produce en un contexto donde el Gobierno había intentado previamente derogar esta ley mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, parte del paquete de medidas conocido como «Bases para la Reconstitución de la Economía Argentina». Dicho decreto fue objeto de una medida cautelar impulsada por una organización de excombatientes de Malvinas, que encontró acogida en la Cámara Federal de La Plata. El caso fue apelado por el Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se aguarda el pronunciamiento final.
Frente a este escenario judicial, la estrategia gubernamental ha cambiado de la derogación a la modificación legislativa, buscando abrir un proceso de negociación con el Poder Legislativo para consensuar cambios que dejen atrás los aspectos más controvertidos de la ley vigente.
Los defensores de la ley argumentan que es un instrumento necesario para la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Por otro lado, sus críticos sostienen que las restricciones basadas en la nacionalidad del comprador podrían contravenir principios constitucionales de igualdad de trato y afectar el clima de inversiones.
El debate sobre la modificación de la ley de tierras se enmarca en discusiones más amplias sobre la atracción de inversiones extranjeras, el desarrollo del sector agropecuario y la interpretación de la soberanía nacional en un contexto económico global.