El diputado nacional se refirió a lo que considera una degradación de la deliberación en el Congreso y expresó sus críticas al tratamiento de la normativa ambiental.
En el marco de un contexto político de alta tensión, el diputado nacional Maximiliano Ferraro se refirió al funcionamiento del Congreso, señalando una merma en la calidad del debate público. En una entrevista radial, el legislador cuestionó las prácticas de negociación política y alertó sobre presiones en votaciones clave, al tiempo que manifestó su desacuerdo con la nueva ley de glaciares, a la que consideró un retroceso ambiental y constitucional.
—¿Qué está pasando hoy en el debate parlamentario?
—Creo que no decirlo sería renunciar a lo evidente: hay una degradación muy fuerte de la conversación y del debate parlamentario. Se ha transformado en un ámbito de toma y daca, con negociaciones vinculadas a recursos, adelantos del Tesoro y decisiones del Poder Ejecutivo. Esto se vio en la votación de la ley de glaciares, que considero inconstitucional. La deliberación pública está deteriorada y muchas decisiones no responden al interés general.
—¿Existen presiones políticas en las votaciones?
—Sí, existen. Entiendo que los gobernadores llamen a sus diputados, pero no lo justifico. Nosotros representamos al pueblo de la Nación. Muchas veces se condiciona el voto con promesas de fondos o beneficios, y eso afecta la independencia del Congreso. Es parte de esta degradación.
—¿Por qué considera que la nueva ley de glaciares es problemática?
—Porque se la trató como si fuera una ley minera, cuando es una ley ambiental. Estoy convencido de que fue redactada por el propio sector regulado. No se está dimensionando la gravedad de sus consecuencias. Está en juego la protección de recursos estratégicos como el agua, las cuencas hídricas y los acuíferos. El desafío es equilibrar desarrollo y sostenibilidad, y eso no está ocurriendo.
—Ya hay presentaciones judiciales. ¿Se viene una judicialización mayor?
—Esto recién empieza. Lo advertimos: iba a haber una fuerte judicialización. La ley viola el artículo 41 de la Constitución, no aporta previsibilidad ni seguridad jurídica. Se desconocen los presupuestos mínimos de protección ambiental que debe garantizar la Nación.
—¿Qué falló en el tratamiento de esta ley?
—Fue un debate deshonesto en muchos aspectos. No se convocaron especialistas, no se fortalecieron organismos técnicos y se usaron comparaciones incorrectas con otros países. Eso empobrece la discusión y lleva a malas decisiones.
—También habló de una crisis de representación. ¿Cómo se revierte?
—Es evidente que hay una crisis y también me hago cargo. La sociedad dejó de confiar en la política. Pero eso se revierte mejorando la calidad del debate, recuperando la argumentación y la buena fe. Hoy muchas discusiones no tienen el nivel técnico necesario.
—Habló también de una “batalla cultural”. ¿A qué se refiere?
—A que muchas veces discutimos sin conocer. La verdadera batalla es con uno mismo, con la necesidad de informarnos, de argumentar mejor y de sostener diálogos sinceros, incluso desde posiciones distintas. Sin eso, es muy difícil mejorar la política.