La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con 19 personas procesadas. Los fiscales solicitaron 29 nuevas indagatorias para profundizar en el esquema de direccionamiento de contrataciones.
La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por montos que superarían los 75.000 millones de pesos, continúa su curso con celeridad. Actualmente hay 19 personas procesadas y los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez federal Ariel Lijo que autorice 29 nuevas indagatorias.
El expediente se originó tras la difusión de una serie de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, donde se detallaba un presunto esquema de recaudación ilegal. En esas grabaciones se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem, en relación a un supuesto porcentaje de coimas.
Entre los procesados se encuentran el propio Spagnuolo, por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles; Daniel Garbellini, ex responsable de compras de la ANDIS; y el lobista Miguel Ángel Calvete, quien, según la investigación, manejaba adjudicaciones desde fuera del organismo beneficiando a sus empresas.
La fiscalía sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se habría desarrollado un esquema para direccionar contrataciones a un grupo específico de proveedores, afectando fondos estatales destinados a la adquisición de prótesis, implantes cocleares y otros insumos de alto costo para personas con discapacidad.
Recientemente se incorporaron nuevos elementos probatorios, incluyendo audios y cuadernos hallados en allanamientos, que detallarían nombres de empresas, montos y repartos de ganancias. Estos materiales permitirían reconstruir el modus operandi de una estructura coordinada entre funcionarios y empresarios.
El pedido de nuevas indagatorias incluye a más de veinte empresarios vinculados a más de treinta firmas, lo que evidenciaría la escala del entramado investigado. El juez Lijo deberá ahora resolver sobre la solicitud fiscal de ampliar las declaraciones indagatorias.