Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno español, destacó el impacto positivo del acuerdo comercial con el Mercosur para las exportaciones de su país y detalló las medidas de protección para el sector ganadero. Además, confirmó el inminente proceso de regularización de extranjeros, que incluiría a miles de argentinos.
MADRID.- Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno español, se refirió al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y a la próxima regularización de inmigrantes durante una entrevista con corresponsales extranjeros. El funcionario, de 45 años, fue nombrado en el cargo hace dos semanas.
Respecto al acuerdo comercial, Cuerpo lo defendió por el «impacto positivo» que generaría en las exportaciones españolas de sectores como el vino o el aceite de oliva, que podrían crecer entre un 30% y un 40%. Sin embargo, reconoció la preocupación del sector ganadero español ante la posible entrada de carne argentina.
«Hay que atender a los sectores que puedan verse afectados por los productos del Mercosur. La carne argentina es el ejemplo clásico», afirmó. Explicó que la solución acordada incluye un sistema de protección que establece un límite a la importación, equivalente a «un filete por persona por año», estimado entre 300 y 400 gramos. Aclaró que, de ser necesario, se aplicarían «cláusulas que paralicen la llegada de este tipo de productos».
El acuerdo, pendiente de la aprobación final del Parlamento Europeo, comenzaría a aplicarse de forma provisoria desde el próximo 1 de mayo. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay ya lo han refrendado.
Por otro lado, Cuerpo se refirió al decreto de regularización masiva de extranjeros que el gobierno español aprobaría esta semana. La medida podría beneficiar a unas 750.000 personas, incorporando a medio millón al mercado laboral. Se estima que entre los beneficiarios habría unos 40.000 argentinos que residen en el país sin papeles.
El vicepresidente justificó la decisión argumentando un «impacto positivo para la economía a través de varios canales, como el mercado laboral y los ingresos públicos». Señaló que responde a una demanda del sector empresarial, que enfrenta escasez de mano de obra en diversos sectores y niveles de cualificación.
«Las empresas nos señalan ahora mismo que necesitan más trabajadores porque tienen muchas vacantes», explicó. Advirtió que el proceso supondrá un reto administrativo, con la posibilidad de superar los 800.000 trámites en pocos días.