Tras las declaraciones del presidente del máximo tribunal sobre el «acatamiento obligatorio», se analiza la tensión con algunos jueces laborales y la reciente suspensión de artículos de la ley de modernización laboral.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) a la necesidad del «acatamiento obligatorio» de las decisiones del máximo tribunal. Esta declaración pone el foco en la relación con magistrados inferiores, en particular de algunos jueces del fuero laboral, cuya divergencia en la aplicación de ciertos fallos ha sido señalada como un factor que puede incidir en la seguridad jurídica.
Recientemente, la CGT logró frenar en la Justicia la ley de modernización laboral. El juez del fuero del trabajo Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar en una acción preventiva de inconstitucionalidad, suspendiendo 81 artículos de la norma. Entre los puntos afectados se encuentran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), limitaciones al derecho de huelga, el cálculo de indemnizaciones por despido, la creación del banco de horas y el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Argentina, a diferencia de países como Francia o España, cualquier juez puede suspender de forma precautoria la vigencia de una ley. Esta situación no es nueva en el ámbito laboral. Un ejemplo son los métodos de actualización de indemnizaciones. En febrero de 2024, la Corte Suprema rechazó una práctica de ajuste aplicada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo que, según el tribunal, podía poner en riesgo a empresas. Sin embargo, señalan que desde entonces, las salas de dicha cámara han aplicado hasta seis criterios diferentes de ajuste.
La Corte ha emitido fallos que buscan poner límites a decisiones del fuero laboral en casos como Oliva, Lacuadra y Domínguez. En estos, el máximo tribunal anuló sentencias que aplicaban intereses sobre intereses, ajustes considerados sin fundamento legal o multas consideradas desproporcionadas.
Frente a esta dispersión de criterios, la nueva ley de modernización laboral incluyó en su artículo 89 que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que haga la Corte Suprema. No obstante, la suspensión de la aplicación de la ley dispuesta por el juez Ojeda plantea un nuevo desafío judicial que deberá ser resuelto.