Una agrupación de inquilinos analizó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió sobre la implementación de un régimen de desalojos rápidos, que consideran el más agresivo de la región.
Una de las principales organizaciones de inquilinos analizó y criticó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La agrupación Inquilinos Agrupados advirtió que la iniciativa propone un esquema de «desalojos rápidos» sin precedentes en América Latina, según un análisis comparativo con legislaciones de países de la región y Europa.
Gervasio Muñoz, referente de la organización, afirmó que «el proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», tras estudiar normativas de Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según su informe, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías procesales para el inquilino.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y presentado el 27 de marzo, comenzó a debatirse la semana pasada en un plenario de comisiones del Senado. El oficialismo indicó que no habrá dictamen al menos hasta la próxima semana.
El objetivo declarado de la iniciativa es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica». La reforma propone cambios integrales que abarcan el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en leyes como la de tierras rurales y la de integración socio urbana de barrios populares.
Uno de los puntos centrales impacta directamente en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando trámites. El texto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Para ello, se modificarían artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial.
Desde la agrupación de inquilinos sostienen que estos cambios inclinan la balanza de manera decisiva hacia los propietarios, al no contemplar una «segunda oportunidad» para frenar el desalojo pagando la deuda. Muñoz argumentó que, en el contexto económico actual, con contratos más cortos y deterioro del ingreso real, se configura un «combo letal» para los inquilinos. Además, anticipó que las consecuencias sociales de la ley podrían llevar a que un futuro gobierno deba modificar nuevamente la normativa sobre alquileres.