A través de la Procuración del Tesoro, se presentaron recursos ante la Corte Suprema para destrabar la aplicación de la reforma laboral y definir el origen de los fondos para la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), ha activado dos presentaciones judiciales de relevancia ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es obtener definiciones sobre dos temas que considera prioritarios: la aplicación de la reforma laboral y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por un lado, se interpuso un recurso de «per saltum» para que el Máximo Tribunal se expida sobre la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral, ordenada por un juzgado nacional. El Gobierno espera que un fallo favorable de la Corte pueda influir en otras demandas similares en el país.
Por otro lado, se presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte defina de dónde deben salir los recursos para acatar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo de cumplimiento venció. Desde el oficialismo se sostiene que se cumplirá la ley, pero se cuestiona el origen de los fondos, en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal.
Estas acciones judiciales se dan en paralelo a las negociaciones por los pliegos de jueces y en medio de discusiones técnicas sobre la legitimación de los representantes legales del Estado. El juez que suspendió la reforma laboral cuestionó la matrícula del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien argumentó que su función como funcionario público no la requiere.
El Gobierno aguarda ahora las definiciones de la Justicia para avanzar en la ejecución de ambas normativas.