La gobernadora Kathy Hochul anunció cambios en la normativa, eliminando la obligatoriedad de la denuncia policial para solicitar ayuda económica y ampliando beneficios.
El estado de Nueva York incorporó modificaciones en la normativa que regula la asistencia a personas afectadas por delitos. La gobernadora Kathy Hochul formalizó enmiendas que alteran el acceso a compensaciones y servicios.
Según el comunicado oficial, uno de los cambios centrales es que ya no será obligatorio presentar una denuncia ante la policía para solicitar compensación económica, un requisito vigente durante décadas. A partir de ahora, se aceptarán documentos alternativos emitidos por profesionales de la salud, proveedores de servicios sociales o líderes religiosos.
La medida busca facilitar el acceso a personas que evitan el contacto con el sistema judicial por diversos motivos, como temor a represalias o situaciones vinculadas a su estatus migratorio. La actualización se da en el marco de la Semana de los Derechos de las Víctimas del Crimen, establecida entre el 19 y el 25 de abril.
Las enmiendas también introducen ajustes en los montos de reembolso y en las condiciones de acceso a beneficios. Se incrementó el límite para gastos funerarios y se amplió el acceso a compensaciones para personas afectadas por fraudes financieros. Además, se extendió la cobertura de tratamientos preventivos vinculados a agresiones sexuales, eliminando restricciones de edad.
El estado mantiene un esquema sin límite para gastos médicos y atención psicológica. Otro ajuste extiende el período disponible para presentar solicitudes de compensación.
La Oficina de Servicios a Víctimas, que administra estos programas, trabaja con una red de más de 250 programas comunitarios. Las autoridades señalaron que el financiamiento proviene de multas aplicadas a personas condenadas, sin utilización de fondos provenientes de impuestos.