A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba y una auditoría a la AGN para determinar si nueve créditos otorgados a dirigentes oficialistas se ajustaron a la normativa.
El juez federal Ariel Lijo firmó una resolución con medidas de prueba para investigar los créditos hipotecarios que el Banco Nación concedió a un grupo de dirigentes y funcionarios. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si los nueve préstamos, por un total de 2.500 millones de pesos, se realizaron bajo la normativa vigente. Además, el magistrado ordenó una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN).
Los créditos, otorgados en montos que oscilarían entre 200.000 y 315.000 dólares, fueron destinados a funcionarios y legisladores oficialistas. Las denuncias unificadas en el juzgado de Lijo plantean interrogantes sobre posibles favoritismos, la correspondencia de los montos con los ingresos declarados y el respeto a los procedimientos internos del banco. Los delitos bajo análisis son administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre las medidas de prueba, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo de los créditos hipotecarios y detalle si hubo flexibilizaciones desde diciembre de 2023. Al Banco Nación se le pidió la documentación completa de los préstamos, incluyendo recibos de sueldo, escrituras y posibles reportes de operaciones sospechosas. También deberá elaborar un informe comparando los créditos a funcionarios con la cartera general.
La Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados deberán confirmar los cargos públicos que desempeñaban los beneficiarios al momento de recibir los préstamos. El fiscal busca esclarecer si se allanó el camino a los solicitantes por su pertenencia partidaria, si se desoyeron informes técnicos desfavorables o si los plazos de otorgamiento fueron excepcionalmente rápidos.
El gobierno y el Banco Nación negaron cualquier irregularidad. La entidad financiera explicó que existe una línea de créditos hipotecarios específica para empleados públicos, más ágil y con una cobertura mayor (hasta el 90% de la vivienda), que fue la utilizada en estos casos.
La lista de beneficiarios investigados incluye a Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Sharif Menem, entre otros.