El Gobierno chaqueño implementa medidas de infraestructura y reorganización para adaptarse al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la imputabilidad desde los 14 años.
El Gobierno del Chaco avanza en una reconfiguración del sistema de seguridad y detención ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la imputabilidad desde los 14 años. La gestión de Leandro Zdero puso en marcha un plan que combina infraestructura, reorganización carcelaria y creación de unidades específicas para menores en conflicto con la ley.
El propio gobernador confirmó que la provincia ya ejecuta medidas concretas para adaptarse a la nueva normativa nacional, con eje en la prevención, el fortalecimiento policial y la adecuación del sistema penitenciario. “Estamos trabajando para salir de estar por debajo de la media regional en cantidad de policías por habitante, equipando a la fuerza y fortaleciendo la prevención”, sostuvo.
Uno de los principales focos de la estrategia es el reordenamiento del sistema de detención, con el objetivo de reducir la cantidad de personas alojadas en comisarías. Según explicó Zdero, la provincia arrastraba una situación crítica, con más detenidos en dependencias policiales que en unidades penitenciarias, un esquema que comenzó a revertirse con obras de refacción y ampliación de infraestructura.
Entre las medidas ya ejecutadas se destaca la construcción de un nuevo pabellón en Presidencia Roque Sáenz Peña, destinado a ampliar la capacidad del sistema y permitir el traslado de detenidos a espacios adecuados. En paralelo, el Ejecutivo provincial avanzó en la creación de dispositivos diferenciados para adolescentes, en línea con las exigencias del nuevo régimen.
En Sáenz Peña ya funciona un centro específico para jóvenes de hasta 14 años, ubicado junto a una comisaría recientemente inaugurada, donde se alojará a menores bajo medidas judiciales. “Estos casos requieren lugares apropiados y no compartir espacios con detenidos adultos”, remarcó el gobernador.
A esto se suma la decisión de construir dos nuevas unidades penales. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, confirmó que estos espacios estarán destinados exclusivamente a menores en conflicto con la ley, como parte de una política de anticipación a la implementación plena del nuevo sistema. Desde el Servicio Penitenciario Provincial indicaron que también se trabaja en la formación específica del personal, con capacitación orientada al abordaje de adolescentes privados de la libertad.
En el marco del aniversario del organismo, las autoridades destacaron que el sistema atraviesa un proceso de reordenamiento y profesionalización, con énfasis en la planificación y el uso eficiente de recursos. “El sistema ya no admite respuestas improvisadas, sino criterios técnicos claros y conducción firme”, señalaron desde la conducción del organismo, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legalidad y la gobernabilidad interna.
La nueva legislación nacional, sancionada en febrero, obliga a las provincias a adaptar sus sistemas judiciales, policiales y penitenciarios para atender a una franja etaria que hasta ahora no era penalmente responsable. En ese contexto, buscan llegar a la implementación plena, prevista para mediados de este año, con infraestructura disponible, protocolos definidos y recursos humanos capacitados.