La nueva regulación transfiere a las provincias la potestad de decidir qué zonas periglaciares se protegen y cuáles pueden ser explotadas, exceptuando solo aquellas con aporte hídrico relevante.
El gobierno nacional aprobó una nueva norma que modifica el régimen de protección de los glaciares y áreas periglaciares en Argentina. A partir de ahora, las provincias tendrán la facultad de determinar qué zonas se consideran protegidas y cuáles pueden ser explotadas por la industria minera.
La medida establece que quedarán exceptuadas de la protección solo aquellas áreas periglaciares que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Esto implica que, en la práctica, amplias zonas antes resguardadas podrían quedar abiertas a la actividad minera.
Organizaciones ambientales han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener sobre los recursos hídricos y los ecosistemas de alta montaña. Por su parte, representantes del sector minero celebraron la medida como un avance para el desarrollo económico en las provincias.