El gobierno chileno anunció un proyecto de ley para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, generando un amplio debate sobre protección infantil, verificación de edad y regulación de plataformas digitales.
SANTIAGO, Chile.- Son las cuatro de la tarde y acaba de sonar el timbre que indica la salida de clases en un colegio de La Reina, una comuna del sector oriente de la capital. Las veredas se llenan de estudiantes que salen apurados. A un costado, cuatro adolescentes se detienen unos minutos: dos miran videos en un teléfono, otro responde mensajes de WhatsApp y una chica conecta auriculares a su celular para escuchar música. La pregunta de LA NACION corta la rutina: ¿qué harían si una ley les prohibiera usar redes sociales antes de los 16 años? “Las uso igual”, responde uno, sin levantar la vista de la pantalla. “Uso el celular de mis papás”, ensaya otro, entre risas. “No me imagino la vida sin teléfono”, dice una tercera estudiante.
No se trata de una consigna hipotética, sino de un debate que el Ejecutivo chileno busca instalar. El gobierno de José Antonio Kast anunció que enviará al Congreso un proyecto para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios. La iniciativa, llamada Entornos Digitales Seguros e impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social, inserta al país en una discusión que ya fue abierta en Australia —desde diciembre pasado los menores de 16 australianos tienen vedadas las redes— y también en Francia y en la Unión Europea.
Cuando el proyecto llegue al Congreso, seguramente en mayo próximo, la discusión irá más allá de fijar una edad mínima para abrir una cuenta. También abrirá un debate sobre la capacidad real del Estado para regular y exigir obligaciones a plataformas globales, así como también de fiscalizar su cumplimiento. “El Estado no puede llegar tarde cuando se trata de proteger a niños y adolescentes en entornos digitales”, dijo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, en declaraciones al diario chileno El Mercurio.
El proyecto prohibiría el registro y uso de cuentas a menores de 16 años, exigiría a las plataformas eliminar perfiles que incumplan esa regla e implementar mecanismos eficaces de verificación etaria. Para lograrlo, las empresas deberán comprobar la edad real de sus usuarios, mediante documentos de identidad, reconocimiento facial o validación biométrica, lo que abre interrogantes sobre privacidad, tratamiento de datos personales y factibilidad técnica.
Francisca Romo, académica de la Universidad Diego Portales y doctora en psicología educacional, advierte un punto central de la discusión: “No existe evidencia concluyente de que una prohibición general mejore por sí sola la salud mental adolescente o reduzca riesgos como grooming y ciberacoso”. Para la especialista, “la edad mínima puede ser una pieza, pero no reemplaza aquello que suele ser más difícil: educación digital, acompañamiento familiar, diseño seguro de plataformas y fiscalización real”.
El universo alcanzado es amplio: en Chile viven cerca de 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes. El Ejecutivo evalúa abrir también una segunda discusión sobre videojuegos online, materia que todavía se encuentra en análisis dentro del gobierno. El impulso político también se explica por una preocupación cada vez más extendida entre padres, colegios y autoridades por el tiempo que niños y adolescentes pasan conectados. Según Pew Research Center, casi la mitad de los adolescentes estadounidenses entre 13 y 17 años afirma estar en línea “casi constantemente”. En Chile, el estudio Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes 2024, elaborado por Criteria y Claro/VTR, estimó un aproximado de cuatro horas diarias de conexión recreativa entre adolescentes. El 72% ya tuvo un celular propio a los once años. Otro relevamiento, Kids Online Chile 2023, de Unicef, mostró que WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram son las plataformas más utilizadas por menores.
Durante enero fueron presentadas mociones parlamentarias con objetivos similares al proyecto gubernamental. El senador Arturo Squella figura entre quienes impulsan restricciones de este tipo desde el Congreso. “Esta propuesta no busca restringir libertades individuales, sino establecer reglas claras”, sostuvo el legislador. En el oficialismo y la oposición existe coincidencia en que el tema requiere respuesta pública, aunque persisten diferencias sobre el mecanismo. Mientras sectores de derecha favorecen restricciones etarias más estrictas, voces de izquierda priorizan la regulación de las empresas tecnológicas y la educación digital. El desacuerdo no parece estar en la necesidad de actuar, sino en la fórmula: prohibir el acceso por completo, avanzar por etapas o aumentar las obligaciones de las plataformas sin vetar su uso.
Fuera del Congreso, el tema comenzó a instalarse en medios, radios, comunidades educativas y grupos de padres. “Está bravo el tema digital con los jóvenes”, dice Carlos Mansilla, padre de dos adolescentes, quien describe situaciones problemáticas cada vez más frecuentes: conflictos nacidos en chats, viralización de imágenes entre estudiantes y una dependencia creciente a las pantallas.