El sector automotor y autopartista enfrenta un doble desafío: competir con países que aplican subsidios estatales y lidiar con una alta carga impositiva local. Se analiza el contexto y las perspectivas para la industria.
La industria automotriz argentina atraviesa un momento crítico. Al desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos globales en movilidad, se suma una competencia feroz no solo en exportaciones e importaciones, sino también por las inversiones que definirán la capacidad productiva y el empleo futuro.
El sector automotor y autopartista argentino es uno de los más abiertos a la competencia externa. Mientras que para nuestro país la suma de importaciones y exportaciones sobre el PBI representa el 25%, para el sector automotor esa cifra supera el 130% de la producción. La estructura productiva se basa en un esquema de especialización y complementación con Brasil, por lo que las reglas equitativas son fundamentales para ser competitivos.
La competitividad de la cadena automotriz está en discusión, especialmente en torno al “patrón de referencia” adecuado. Se cuestiona si las comparaciones de precios de vehículos y autopartes son equitativas, ya que muchas veces se descalifican capacidades locales sin considerar diferencias impositivas o la existencia de subsidios en los países de origen.
Prácticas como el “dumping social” o los subsidios estatales directos e indirectos distorsionan la libre competencia. Mientras que potencias como EE.UU. y la Unión Europea aplican aranceles quirúrgicos e investigaciones antisubsidios, Argentina enfrenta una “mochila tributaria” compuesta por impuestos como el Impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y Tasas Municipales, que afectan especialmente a las cadenas más integradas localmente.
Para el sector, el camino implica aliviar la presión fiscal sin descuidar la estabilidad macroeconómica, y al mismo tiempo exigir reglas claras en el comercio internacional que eviten ventajas artificiales.