Tras más de 15 años de prohibición, el Estado oficializó un nuevo marco normativo para ordenar el mercado de productos de nicotina, que hasta ahora operaba en la informalidad.
El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, una nueva regulación para la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches). La medida, coordinada entre los ministerios de Economía y Salud, la Anmat y la Jefatura de Gabinete, busca dejar atrás un enfoque prohibicionista que, según datos oficiales, no logró frenar el consumo y derivó en un mercado completamente informal.
El diagnóstico oficial indica que el esquema restrictivo vigente durante más de 15 años no dio los resultados esperados: el consumo se mantuvo masivo, pero sin trazabilidad ni control sanitario, lo que favoreció el contrabando y la falta de fiscalización. “El peor escenario es el actual: consumo masivo en un mercado completamente en negro”, señalan desde el Gobierno.
Con la nueva normativa, se establece un registro obligatorio para todos los productos. Las empresas deberán inscribirse, declarar la composición exacta de sus productos y cumplir con estándares de calidad y condiciones de fabricación estrictas. Desde el punto de vista económico, los dispositivos y sustancias pasarán a tributar con esquemas diferenciados según cada categoría, formalizando un circuito que hasta ahora estaba dominado por la ilegalidad.
Uno de los puntos centrales de la regulación es la protección de menores. La normativa incluye la prohibición de sabores en los vapeadores, considerados la principal puerta de entrada al consumo en adolescentes. También se establecen límites estrictos a la concentración de nicotina y una lista de ingredientes permitidos y sustancias prohibidas.
Desde el punto de vista sanitario, el Estado busca intervenir sobre un hábito existente para reducir riesgos, con el objetivo de que los fumadores de tabaco tradicional puedan acceder a alternativas consideradas potencialmente menos dañinas. La medida se alinea con las tendencias globales de control de daños.
El sector industrial recibió positivamente la decisión. Fuentes del sector indicaron que las prohibiciones absolutas van “a contramano del sentido común y de los avances de la ciencia”, y destacaron que la Argentina se suma así a más de 100 países que permiten la comercialización regulada de productos sin combustión, como Estados Unidos, Suecia y Japón.
El éxito de la medida dependerá de la capacidad de fiscalización de la Anmat y de que el nuevo registro obligatorio logre desplazar al mercado informal que creció durante más de una década a la sombra de la prohibición.