Documentación judicial revela transferencias de la Asociación del Fútbol Argentino a Real Central SRL, firma que figura como propietaria de una mansión en Pilar. La investigación analiza los vínculos entre la empresa y el tesorero de la entidad.
Una investigación judicial en el Juzgado de Lomas de Zamora reveló una serie de órdenes de pago de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la empresa Real Central SRL, por un total de $415 millones, bajo el concepto de «servicios de logística y traslados». La documentación, secuestrada en un allanamiento a la sede de Viamonte a fines del año pasado, muestra que los pagos fueron recepcionados por Luciano Pantano y autorizados mediante memorándums internos firmados por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Real Central SRL es la firma que figura como propietaria de una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar y de una colección de 54 autos antiguos. Los titulares registrados son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La investigación, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, analiza los vínculos financieros entre la empresa y la AFA, así como la posibilidad de que Toviggino tenga un interés real en el inmueble.
Entre los comprobantes se encuentra la orden N° 267372 del 02/06/2025, por $70.400.000, con la firma y DNI de Pantano, y una deducción manuscrita por retenciones de ganancias. Los pagos totales, equivalentes a unos 400 mil dólares al tipo de cambio de mediados del año pasado, fueron autorizados mediante los memorándums internos 775/25 y 776/25 de la AFA.
La pesquisa también detectó que Real Central SRL habría obtenido el contrato para el servicio de videoarbitraje (VAR) con la AFA. Paralelamente, en un allanamiento en la sede de Argentinos Juniors, se halló un recibo firmado por Pantano el 25/08/2025 por la recepción de $600 millones, pagados por el club a la AFA mediante seis cheques.
Ante estos hallazgos, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de todas las personas físicas y jurídicas involucradas. También se requirió información a la ARCA, la UIF, los registros de la propiedad y el Banco Central, entre otros organismos, para rastrear el movimiento de fondos desde 2023.