Ante pedidos de informes y denuncias en el Congreso, el Ejecutivo defiende la legalidad de los préstamos otorgados a empleados públicos y prepara su presentación ante la Justicia.
El Gobierno nacional se encuentra analizando una contraofensiva judicial ante las denuncias presentadas por la oposición y los pedidos de investigación en el Congreso relacionados con créditos otorgados por el Banco Nación a diversos funcionarios oficialistas. La información, difundida inicialmente por un sitio web, generó reclamos parlamentarios y al menos una denuncia penal.
Desde el gabinete, el canciller Pablo Quirno salió a defender los préstamos, argumentando que las tasas y condiciones «son para todos los que cumplen las condiciones del banco». Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó a los funcionarios de su área que accedieron a los créditos, afirmando que «no tienen ventaja respecto del resto».
Según pudo conocerse, el equipo de auditoría del Banco Nación, encabezado por Darío Wasserman, trabajó durante el fin de semana revisando cada uno de los casos revelados. La lista de beneficiarios incluye a funcionarios como Felipe Núñez, director del BICE; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, entre otros.
Fuentes oficiales indicaron que la información recabada será entregada a la Justicia una vez que se defina el juez que se hará cargo de las causas presentadas por los diputados opositores Esteban Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI). En su denuncia, Frade sostuvo que los funcionarios «se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales».
Algunos de los funcionarios mencionados, como Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, se mostraron sorprendidos por las críticas. Madero explicó que su crédito, destinado a la compra de su primera propiedad, fue gestionado «sin privilegios» a través de la página web del banco.
El caso ya tuvo una consecuencia directa con la salida de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue desvinculado de su cargo luego de conocerse que era uno de los beneficiarios. Desde el Gobierno se insistió en que «no hay un solo crédito mal otorgado» y que todos los montos están cubiertos con las garantías correspondientes.