Tres presentaciones judiciales que cuestionan los préstamos del Banco Nación a integrantes de La Libertad Avanza serán acumuladas en un mismo juzgado federal. Los denunciantes solicitan investigar posibles irregularidades.
Tres denuncias penales relacionadas con los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a al menos nueve funcionarios y diputados del espacio La Libertad Avanza serán acumuladas en el juzgado federal de Ariel Lijo. Las presentaciones, que ingresaron entre el jueves y este lunes en los tribunales de Comodoro Py, solicitan investigar una posible maniobra que habría generado perjuicio al Estado, con delitos que van desde presunto fraude y abuso de autoridad hasta violación de los deberes de funcionario público.
Los créditos en cuestión, que en algunos casos alcanzaron montos equivalentes a 315.000 dólares, suman en total aproximadamente 2.500 millones de pesos. Las denuncias plantean tres interrogantes centrales: si hubo irregularidades en el otorgamiento, si existieron condiciones preferenciales y si se realizaron excepciones a las normas que rigen estos procedimientos.
La primera denuncia, radicada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), quedó inicialmente en el juzgado de Lijo. Una segunda fue asignada por sorteo a Daniel Rafecas y una tercera a María Eugenia Capuchetti. En los próximos días, las tres serán unificadas en la órbita de Lijo por conexidad, donde también se encuentra el fiscal Gerardo Pollicita.
En su denuncia, Frade argumentó que, de comprobarse que la posición política o los vínculos con las autoridades del banco influyeron en la aprobación, podría configurarse el delito de tráfico de influencias. También solicitó analizar las acciones del presidente del Banco Nación y sus subalternos, ante un posible «relajo de controles» o una «administración fraudulenta». Uno de los puntos a investigar es la posible «desproporción entre ingresos y monto de los créditos».
Por su parte, el Banco Nación emitió un comunicado oficial defendiendo su gestión. Afirmó que «nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga esta institución» y que se han otorgado más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de la línea. Sostuvo que el proceso es «homogéneo, sin excepciones, con circuitos digitalizados», y aclaró la existencia de una línea específica para empleados públicos, «+Hogares sector público», que financia hasta el 90% de la vivienda, a diferencia del programa general que no supera el 75%.
Entre los beneficiarios mencionados en las denuncias se encuentran Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.