La salida de uno de los representantes gubernamentales asignados para auditar la Asociación del Fútbol Argentino puso en evidencia demoras y cuestionamientos sobre el desarrollo de la supervisión, en un contexto de denuncias públicas.
La renuncia de Agustín Ortiz de Marco, uno de los dos veedores designados por el Gobierno para supervisar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha generado interrogantes sobre el desarrollo del proceso de auditoría. Ortiz de Marco fue nombrado en marzo, junto al contador Rubén Miguel Papacena, para una veeduría de 180 días destinada a revisar aspectos institucionales y contables del organismo.
Según información periodística, el abogado decidió no aceptar el cargo tras un mes de designación, argumentando una alta carga laboral. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que las razones incluirían la falta de comunicación por parte del organismo a cargo y la percepción de que no se le daría la importancia necesaria a la revisión de las cuentas de la AFA.
La veeduría fue ordenada por la Inspección General de Justicia (IGJ) tras detectar supuestas irregularidades en el funcionamiento de la entidad. El nombramiento de los supervisores se concretó el 16 de marzo, once días después de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia.
La salida de Ortiz de Marco ha suscitado suspicacias debido a los vínculos previos del ministro Mahiques con la AFA. Mahiques fue designado por Claudio Tapia como vicerrector de la Universidad de la AFA y es representante en la Comisión de Ética de la Conmebol. El funcionario ha negado tener una amistad con los dirigentes investigados.
De acuerdo con las fuentes, al veedor designado no se le habrían proporcionado los recursos necesarios, como fondos para armar un equipo de trabajo, lo que habría limitado su capacidad para ejercer el cargo con la responsabilidad requerida. Hasta el momento, la otra veedora, Rubén Miguel Papacena, continúa en sus funciones.
La supervisión gubernamental tiene como objetivo examinar las cuentas, transferencias y el proyecto de la universidad de la AFA, entre otros puntos. El desarrollo de esta auditoría se da en un contexto donde la entidad rectora del fútbol argentino enfrenta diversas denuncias públicas y judiciales.