Este martes se realizará la audiencia de control de detención contra los dos adultos acusados de la muerte del menor. El fiscal presentará pruebas para sostener la prisión preventiva por el delito de homicidio agravado.
Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, serán escenario esta mañana de la audiencia de control de detención contra Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González. Ambos están detenidos desde el domingo como presuntos responsables de la muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció la semana pasada tras sufrir una descompensación, aparentemente producto de golpes.
El fiscal general Facundo Oribones y el fiscal jefe Cristian Olazábal presentarán el caso y las pruebas ante el juez penal Alejandro Solís, momento en el que los imputados quedarán formalmente acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene como pena la prisión perpetua.
Luis López, padre del niño, se manifestó a la salida de los tribunales acompañado por su abogado, Roberto Castillo: «Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar».
La ofensiva legal incluye, además, un pedido de juicio político contra el juez de Familia Pablo Pérez, quien firmó el fallo que ordenó la revinculación de Ángel con su madre, y denuncias penales contra los profesionales del equipo técnico interdisciplinario que respaldaron esa decisión.
El abogado Castillo afirmó que existe abundante prueba para sustentar la acusación, refiriéndose, entre otros elementos, a una entrevista mediática de la madre y a testimonios de vecinos. Por su parte, el fiscal Olazábal confirmó que el informe preliminar de la autopsia y testimonios consolidaron una «hipótesis más firme». El informe describe lesiones compatibles con el «síndrome del niño maltratado», incluyendo 22 traumatismos internos en la cabeza del menor.
El letrado de la querella también denunció públicamente que «están sufriendo amenazas los testigos del barrio donde vivían los homicidas» y solicitó al fiscal que se dicte la prisión preventiva para los acusados, considerándolos un «riesgo».