A partir de 2027, los celulares vendidos en la Unión Europea deberán contar con baterías que los usuarios puedan reemplazar sin herramientas especializadas, como parte de una normativa que busca reducir la obsolescencia programada y el impacto ambiental.
La Unión Europea avanza en su lucha contra la obsolescencia programada con una nueva regulación que afectará directamente a los fabricantes de smartphones. Desde 2027, todos los teléfonos inteligentes comercializados en territorio europeo deberán incluir baterías que el propio usuario pueda cambiar sin necesidad de herramientas especializadas.
Esta medida forma parte de un plan más amplio iniciado en 2021, cuando se estableció el «derecho a reparar» para electrodomésticos y dispositivos electrónicos. La normativa actual exige a los fabricantes garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos diez años, así como proporcionar manuales de reparación y diseñar productos que puedan desmontarse con herramientas comunes.
La nueva disposición va un paso más allá: obliga a que las baterías sean más duraderas y reemplazables por el usuario final. Esto implica el fin de los diseños unibody, que requerían equipos especializados para acceder a la batería. Empresas como Apple, Samsung y Xiaomi deberán rediseñar sus modelos para cumplir con el requisito.
Además del hardware, la normativa también abarca el software. Los fabricantes estarán obligados a ofrecer actualizaciones durante un período mínimo garantizado, evitando que los dispositivos queden obsoletos por falta de soporte. Asimismo, desde junio de 2024, los dispositivos electrónicos deben llevar una etiqueta energética que indique su eficiencia, facilidad de reparación y resistencia.
La Comisión Europea defiende que priorizar la reparación reduce costos para los consumidores, disminuye la generación de residuos electrónicos y contribuye a los objetivos del Pacto Verde. El sector dispondrá de un período de adaptación hasta 2027 para ajustar sus procesos de producción y logística.