Argentina es el sexto país con más estudiantes universitarios per cápita y primero en científicos por habitante en América Latina. Sin embargo, el ajuste presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo de los docentes e investigadores generan un nuevo riesgo de fuga de cerebros.
¿Por qué hay países ricos y países pobres? Esa pregunta ha guiado el pensamiento económico y las ciencias sociales durante más de 250 años. Hoy, los expertos de la ONU tienen una respuesta: lo fundamental que distingue a un país rico de uno pobre no son sus recursos naturales, su territorio o su poder militar. Todo eso importa, pero lo que realmente define el destino de un país son los conocimientos, la creatividad, la capacidad de trabajo e innovación de las personas que viven en él. Pesan más los cerebros de los habitantes que los barriles de petróleo a la hora de pensar qué tan rico es un país.
Esto explica por qué países como Japón o Corea del Sur, con escasos recursos naturales, son más ricos que Nigeria, llena de petróleo y gas. Argentina hoy es el sexto país con más estudiantes universitarios por cantidad de habitantes en el mundo y primero en cantidad de científicos por cada millón de habitantes en toda América Latina. Evidentemente, el país tiene un potencial enorme, pero surgen interrogantes sobre las políticas actuales.
Durante la década de 1960, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, las universidades fueron intervenidas y se vivió una brutal persecución a profesores, investigadores y estudiantes. Ese clima asfixiante provocó lo que se conoció como fuga de cerebros. César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984, suele aparecer como símbolo de esa fuga, aunque técnicamente ya se había ido del país en 1962. Su historia terminó siendo una metáfora perfecta: tras la represión de La Noche de los Bastones Largos, cientos de docentes e investigadores renunciaron o emigraron.
Hoy no hay una intervención directa sobre las universidades ni golpes de Estado, pero sí un vaciamiento. Si se destruyen las condiciones para que los docentes cobren lo mínimo necesario para dar clases o investigar, se quita la posibilidad de funcionamiento a las universidades. Un docente universitario cobra, según cargo y antigüedad, entre cinco mil y diez mil pesos por hora. Un científico del CONICET, entre seis mil y dieciséis mil. Los salarios quedan lejos de sectores privados que pueden triplicar o quintuplicar esos ingresos, sobre todo en tecnología, salud o ingeniería.
Formar durante más de diez años a un profesional o científico con recursos públicos para después empujarlo a emigrar porque no puede vivir de su trabajo es transferir riqueza a otros países. Dinero, pero sobre todo capital humano. La emigración de profesores universitarios al mundo privado reduce la capacidad del país para ofrecer educación a jóvenes que no pueden costearla. El tema no es solo salarial, sino también el presupuesto operativo general de las universidades: instalaciones, equipos, acceso a tecnología e infraestructura.
El Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre la universidad y la ciencia pública por una concepción política y filosófica. Volviendo al planteo de la ONU sobre la riqueza de las naciones, queda la pregunta: ¿es correcto vaciar la universidad pública y forzar una nueva marcha de cerebros?