La misión del FMI está en Buenos Aires para realizar la primera evaluación del reciente programa, con el objetivo de habilitar US$ 2.000 millones. Son parte del crédito de US$ 20.000 millones solicitado por Caputo que agravó la dependencia del país con el organismo internacional. La revisión de las metas incluye un objetivo de acumulación de reservas que está incumplido, pero el Fondo viene dando señales claras de apoyo al brutal ajuste de Milei por lo que se espera que otorgue un perdón (waiver) y redoble sus exigencias en relación a las reformas contra las grandes mayorías, en el terreno laboral, previsional e impositivo.
A comienzos de año el Gobierno se encontraba al borde de una crisis aguda por falta de dólares para seguir pagando la deuda externa y sólo recurrir a un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio aire para construir una precaria estabilidad. El acuerdo incluye una meta de acumulación de reservas (un ingreso mayor de dólares al país que su egreso) por US$ 5.000 millones, de los cuales las consultoras estiman que el Gobierno sólo obtuvo US$ 1.000.
La comitiva del Fondo es encabezada por Bikas Joshi que había sido el subdirector de la misión en el país en diciembre del 2024. El economista nacido en Nepal tiene trabajos escritos en los que recomienda poner límites a la entrada de capitales para evitar las turbulencias financieras con consecuencias inflacionarias. Todo lo contrario a lo que está haciendo Caputo que liberó el flujo para los especuladores y está tomando deuda a tasas usurarias.
Argentina cerró su último acuerdo con el organismo con sede en Washington – el número 23 – en abril, para refinanciar el acuerdo anterior por US$ 44.000 millones firmado bajo la presidencia de Macri y avalado por el gobierno peronista que le siguió al realizar un nuevo programa con el Fondo. Un espiral de endeudamiento que viene condenando al país a estar bajo las exigencias del FMI.
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Por su parte Luis Caputo, fiel a sus tradiciones, está dispuesto a aumentar la deuda a cualquier costo con tal de conseguir al menos una parte de las reservas que le faltan por la vía financiera. Una de las medidas en este sentido fue la emisión de un nuevo bono, Bonte 2030, que paga en pesos, pero que es comprado por los especuladores con dólares; con una tasa superior al 30%, algo casi imposible de encontrar en el mundo. Además concretó un nuevo préstamo Repo por US$ 2.000 millones con un grupo de bancos internacionales con una tasa de interés de 8,25% anual en dólares.
Si recurren a esa vía es porque el tipo de cambio atrasado para contener la inflación favorece la salida de dólares del país. Desde enero del 2024, primer mes entero de la gestión de Javier Milei, hasta abril pasado, el saldo de los consumos en el exterior por turismo y compras con tarjeta es negativo en US$ 9.300 millones. Ese número contrasta con lo que genera el balance energético, que suma en el mismo período US$ 5.940 millones. Los consumos en el exterior se llevan todos los dólares que genera Vaca Muerta, a costa de agravar las crisis climática y destruir ecosistemas de nuestro país.
Con el país sobreendeudado este modelo es inviable. Sólo en enero de este año el Gobierno pagó US$ 4.338 millones en concepto de intereses y amortizaciones por bonos en monedas extranjera. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que a ese monto hay que sumarle otros US$ 7.891 millones desde febrero hasta julio, incluyendo pagos por más de US$ 1.000 millones en intereses al propio FMI.
Kristalina Georgieva viene de sacarse fotos con un pin de una motosierra y de llamar a votar por la Libertad Avanza, pero a cambio de los fondos esperan que Milei inicie un plan de reformas estructurales que implican fuertes ataques a las grandes mayorías. Se trata de las reformas regresivas en materia laboral, previsional (jubilaciones) y tributaria.
Milei, Caputo y el FMI están hipotecando al país que ya acumula una deuda fraudulenta impagable, para intentar juntar votos en las elecciones de octubre. Una política que sólo puede acrecentar el atraso y la dependencia nacional. La lucha contra el ajuste y por el desconocimiento soberano de la deuda externa es fundamental para evitar que la crisis la paguen los trabajadores.