El transporte público del área metropolitana de Resistencia atraviesa una nueva crisis: dos de las principales uniones de empresas que operan el servicio de colectivos urbanos presentaron un procedimiento preventivo de crisis ante la Dirección Provincial del Trabajo, lo que podría derivar en recortes de salarios y suspensiones rotativas para los choferes.
El pedido fue formalizado esta semana y busca iniciar una mesa de negociación con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Gobierno del Chaco, principal aportante de subsidios al sistema. Según el escrito presentado, el sector sufrió una caída del 25% en sus ingresos desde 2024, producto de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Nacional y la falta de compensación por parte de la Provincia, lo que habría generado un déficit de más de $2.000 millones.
Las empresas argumentan que la situación se agravó por la suba salarial del personal, sumada a la disminución en la cantidad de pasajeros y la negativa del Ejecutivo provincial a modificar los recorridos menos rentables. Aseguran que el sistema es “inviable” con las condiciones actuales y que la tarifa técnica calculada en octubre de 2024 quedó desactualizada: pasó de $1.770 a un valor estimado de $2.842 en la actualidad.
Entre las medidas solicitadas en este preventivo de crisis, las firmas proponen:suspender al 20% del plantel de trabajadores (unas 120 personas) durante seis meses o “hasta que se supere la crisis”, durante ese tiempo, los choferes suspendidos cobrarían el 50% del salario, sin adicionales. Las suspensiones serían rotativas..Congelar los sueldos del personal activo a los valores de enero de 2025. Modificar la jornada laboral: de ocho horas continuas a turnos de cuatro horas, ajustados a la demanda.
En total, estas uniones de empresas agrupan a 600 empleados y operan las líneas 101, 106, 107, 205, 2 y 9, además de las líneas 3, 8, 11, 12 y 206. Los empresarios advierten que, de no alcanzarse un acuerdo, podrían aplicar medidas de acción directa, lo que encendió las alarmas en el gremio y el Gobierno. Por su parte, desde el Estado provincial aseguran que realizan el máximo esfuerzo en subsidios, aunque reconocen que la situación financiera del sector es compleja.