En una sociedad desgastada y partida como la nuestra, hay temas en los que se consiguió un importante consenso mayoritario. Pasaron más de 40 años desde la vuelta de la Democracia, y el grueso de los argentinos no quiere (no queremos) golpes militares, pide (pedimos) proteger a los jubilados y mantener una educación pública gratuita de calidad. Podría sumarse, más simbólico, el reclamo pacífico por la soberanía de Malvinas.
Con la educación, pero en particular con la universidad, se suma una cuestión más intrínseca de orgullo. No se trata sólo de un acuerdo para financiarlas con el bolsillo propio y garantizar un acceso universal.
Existen carreras, muchas, que casi cualquier ciudadano sabe que tienen su mejor nivel académico en las facultades públicas. Con el impacto positivo que implica para cualquier país generar profesionales en cantidad y especialmente en calidad.
Sobre este consenso decidió el presidente Javier Milei encarar una pelea compleja, acaso intentando abrir una (¿otra?) grieta. Difícil obtener algún rédito político por acá.
Un sector del Gobierno lo sabe y por eso, como adelantó Clarín, bajo la batuta del influyente Santiago Caputo el discurso se ajustó: «los libertarios también queremos la educación pública de calidad, pero cuestionamos a los políticos que bajo ese reclamo genuino aprueban proyectos para desestabilizarnos».
Y más: la Casa Rosada, aunque jura que se mantendrá inflexible en su oferta de aumento a los docentes del nivel superior, avisa que la discusión del Presupuesto 2025, que arranca en estos días, es el ámbito adecuado para debatir una eventual mejora para la educación. Insiste, fiel a su ADN, que habrá que precisar muy bien de dónde sale la plata.
Los números de las encuestas
Tres encuestas nacionales a las que accedió Clarín en estos días aportan números interesantes al debate.
1) Una de Zuban Córdoba pregunta por la confianza/desconfianza en 14 instituciones/áreas. Lideran las «universidades públicas» con el 71,5% de confianza y última queda la «Justicia argentina», con 12,3%.
2) Un estudio de Opina Argentina pide evaluar la política de Milei hacia las universidades. En abril, cuando se hizo la primera marcha, había una grieta casi perfecta: 50% la consideraba positiva y 49% negativa. Ahora, la proporción es + 35% y – 58%.
3) Un trabajo de la Universidad de San Andrés (privada) le plantea un juego a la gente: debe elegir en qué rubros aumentar, mantener o bajar el gasto. En el caso de la educación pública, el 77% sugiere incrementarlo. ¿Y a quién sacarle? Un 56%, el número más alto, reclama que se les quiten «subsidios y exenciones a las empresas».
Un consenso similar, o incluso mayor, había respecto a la ley para mejorar la situación de los jubilados. Milei decidió vetarla, hizo un asado en Olivos con los diputados que lo ayudaron a sostener el veto y pagó un costo caro. Eso se reflejó en las encuestas, y más allá de que el Presidente habló de «nuevos traidores» entre los consultores, fuentes calificadas de la Casa Rosada reconocen el impacto.
Estos acuerdos sobre cómo quieren vivir los ciudadanos de un país no son, de ninguna manera, un cheque en blanco. Todo lo contrario. Las universidades públicas deben ser auditadas para evitar, por ejemplo, que parte de sus fondos millonarios se utilicen para sostener campañas políticas de importantes dirigentes del radicalismo. Por citar una sola de las malas prácticas que ensombrecen una de las pocas cosas de las que están (estamos) orgullosos los argentinos.