El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario y se presentó una denuncia contra dos psicólogas, en el marco de la investigación por el fallecimiento de Ángel López.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia por un plazo de 60 días. Este equipo, integrado por psicólogas y trabajadores sociales, participó en el expediente que derivó en la revinculación de Ángel López con su madre, Mariela Altamirano, quien se encuentra detenida por la muerte del niño.
Paralelamente, la ONG «Más Vida» presentó una denuncia contra las licenciadas en psicología Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes intervinieron en el caso. La denuncia, por presunta violación de deberes de funcionario público y eventual falso testimonio, argumenta, entre otros puntos, que las profesionales no verificaron presencialmente las condiciones en las que viviría el niño con su madre biológica.
Según la información, los informes técnicos, basados en fotografías enviadas por Altamirano que no correspondían al lugar real donde vivía, fueron esenciales para la decisión judicial de revinculación tomada por el juez de Familia Pablo Pérez. La madre, su pareja y sus dos hijos, incluido Ángel, vivían hacinados en una casilla.
La resolución del STJ, firmada por unanimidad por sus ministros, nombra como interventora a la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la jueza María Marta Nieto. La intervención tiene como objetivo realizar una auditoría y control del cumplimiento de las funciones del ETI, debiendo elevarse informes semanales al tribunal.
La medida no alcanza al juez Pérez, cuya actuación solo podría ser analizada en un jury de enjuiciamiento. En sus fundamentos, el STJ hace referencia a normativas sobre violencia familiar y al «lamentable acontecimiento» de público conocimiento, sin mencionar detalles del caso.