Con más del 47% de los votos, la abogada asumió la presidencia del CPACF, sucediendo a Ricardo Gil Lavedra. En una entrevista, vinculó su vocación con el Juicio a las Juntas y destacó la importancia de la independencia judicial.
Alejandra García fue elegida presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) con más del 47% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 40 años de historia de la institución. Sucede a Ricardo Gil Lavedra, quien lideró la entidad en los últimos cuatro años.
Graduada en la Universidad de Buenos Aires y con más de 30 años de trayectoria profesional, García se desempeñaba como coordinadora legal y técnica del Colegio antes de presentarse como candidata. En una entrevista con Modo Fontevecchia (Net TV), destacó la alta participación electoral: “En un momento en el que la gente ha dejado de participar, el respaldo de los abogados y abogadas a la institución es muy importante”.
Consultada sobre el origen de su vocación, García recordó su adolescencia durante el Juicio a las Juntas: “Ver el Juicio a las Juntas y la actuación del fiscal Strassera fue determinante para mí. Siempre en mi familia se decía que iba a estudiar medicina, pero volví anotada en Abogacía”.
Respecto a la falta de mujeres en la presidencia del Colegio durante cuatro décadas, García señaló: “Nunca se había elegido una mujer, pese a que hace muchos años que hay paridad en las listas”. Agradeció el apoyo de Gil Lavedra, a quien describió como alguien que “nos trató siempre como iguales y nos dio espacio en el debate”.
En cuanto al contexto institucional actual, García afirmó: “El rol del colegio es fundamental para intervenir y opinar cuando están en juego las garantías constitucionales. Lo hemos hecho estos cuatro años cada vez que se puso en juego la independencia judicial y el ataque a la libertad de prensa, y lo vamos a seguir haciendo”.
La nueva presidenta también se refirió a la participación del CPACF como amicus curiae en la causa YPF y al envío de notas a los consejeros sobre el reglamento de la Corte Suprema, con el objetivo de “alentar una justicia independiente”.