Al menos cinco investigaciones por presunta corrupción salpican a funcionarios del Ejecutivo, con pruebas y testimonios que suman peso en los tribunales federales.
En los tribunales de Comodoro Py, las causas por corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno avanzan con paso firme. Según fuentes judiciales, hay al menos cinco investigaciones resonantes: la que indaga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito; la pesquisa sobre la criptomoneda $LIBRA; los sobreprecios en la facturación de medicamentos y artículos de ortopedia de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); los gastos con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica (empresa con mayoría estatal), y los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Ministerio de Economía, diputados aliados y allegados al entorno de los Menem.
En la causa de Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ordenaron analizar las llamadas de Marcelo Grandio y Horacio Silva, presidente de la productora IMHouse. Los pasajes aéreos de la familia Adorni a Punta del Este durante el feriado de Carnaval fueron facturados a IMHouse, mientras que los de regreso aparecen a nombre de Grandio, un periodista con programa en la TV Pública. El arquitecto Matías Tabar, encargado de la remodelación de la casa de Adorni en el country Indio Cuá, declaró que el funcionario le pagó 245.000 dólares en efectivo sin factura. Tabar aportó un detalle de gastos y mensajes de WhatsApp.
La causa Andis está a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez subrogante Ariel Lijo. Hasta febrero, el juez Sebastián Casanello dictó una decena de procesamientos. Desde fines de abril, los imputados amplían sus indagatorias, aunque la mayoría se niega a declarar. El expediente $LIBRA lo instruye el fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por la demora en definir medidas, y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. En Nucleoeléctrica, el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Ramos investigan los gastos corporativos. Por los créditos hipotecarios del Banco Nación, hay un conflicto de competencia entre la jueza María Eugenia Capuchetti y Lijo, que resolverá la Cámara Federal.
Fuentes judiciales aseguraron que “las causas contra el Gobierno tienen vida propia” y que la cantidad de prueba recolectada es “abrumadora”. Incluso, testigos se acercan espontáneamente a declarar. En el caso de Adorni, la investigación comenzó tras publicarse una foto suya con su esposa en Nueva York, en la tumba del rabino de Lubavitch, durante el foro Argentina Week. Desde entonces, surgieron revelaciones sobre viajes, propiedades y reformas que no se corresponderían con sus ingresos.