La iniciativa busca aprobar un acuerdo por 171 millones de dólares con dos grupos de acreedores que mantenían demandas contra el país en tribunales de EE.UU., estableciendo como plazo límite el 30 de abril.
El Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación un proyecto de ley para aprobar el acuerdo final con dos grupos de acreedores, comúnmente denominados «fondos buitre», que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. El acuerdo, que ya fue formalizado ante la jueza Loretta Preska, contempla desembolsos por un total de 171 millones de dólares.
Según el texto oficial, los pagos se dividen en 67 millones de dólares para el fondo Bainbridge y 104 millones para el grupo liderado por Attestor. El Gobierno afirma que logró una quita superior al 30% sobre los montos originalmente en disputa. El convenio establece como fecha límite el 30 de abril; de no obtener la aprobación parlamentaria antes de esa fecha, las transacciones se caerían automáticamente y el país debería retomar los litigios, lo que, según advierte el proyecto, implicaría condiciones financieras significativamente más gravosas.
Estos fondos son acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y contaban con sentencias firmes a su favor. En los últimos años avanzaron con medidas de presión judicial, logrando en 2025 capturar 310 millones de dólares depositados en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos bonos Brady, un antecedente que impulsó la negociación actual.
El acuerdo prevé un mecanismo de «entrega contra pago»: la Argentina cancela la deuda y recibe los títulos en litigio. Además, establece que los costos legales correrán por cuenta de los acreedores. Desde el Ejecutivo se remarca que la aprobación permitiría no solo saldar esta deuda, sino también desactivar los procesos de «discovery», mediante los cuales los fondos solicitaban información sobre activos del país.
El envío del proyecto activa una negociación en el Congreso, donde el oficialismo necesita garantizar los votos para su aprobación en un plazo acotado. La agenda parlamentaria se encuentra actualmente muy ajustada.
Este litigio es un remanente de los procesos iniciados tras el default de 2001. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la Argentina acordó el pago de unos 9.300 millones de dólares a la mayoría de los holdouts, permitiendo salir del default técnico. Sin embargo, un grupo minoritario de acreedores decidió continuar con los juicios.