El principal sindicato docente de Florida presentó una demanda contra el Departamento de Educación estatal, alegando que las reformas vinculadas a vouchers y escuelas charter vulneran la Constitución. El gobernador DeSantis defendió las políticas y acusó al gremio de buscar perjudicar a los estudiantes.
La Florida Education Association (FEA) inició una acción judicial contra el Departamento de Educación de Florida, argumentando que las reformas educativas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, especialmente los programas de vouchers y escuelas charter, violan la Constitución estatal. La demanda fue presentada ante la justicia local y apunta contra el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, y la Junta Estatal de Educación.
Desde su cuenta oficial en X, DeSantis criticó la ofensiva judicial de los gremios educativos y afirmó que la FEA busca “despojar a casi 1 millón de estudiantes de la educación de su elección”. El gobernador republicano aseguró que la organización pretende eliminar el programa de becas escolares, que beneficia a más de 500 mil alumnos, y el sistema de escuelas charter, donde estudian más de 400 mil jóvenes. “Nos mantendremos del lado de los padres y estudiantes”, sostuvo.
Según informó Florida Politics, la FEA sostiene que el Departamento de Educación incumplió sus obligaciones constitucionales al permitir múltiples sistemas educativos con estándares dispares. La demanda fue presentada por el sindicato, su presidente Andrew Spar y siete padres de menores. El abogado Martin Powell, representante del gremio, señaló que Florida creó un modelo “inconsistente y desigual” que deriva en una calidad educativa dispar según el tipo de institución.
Entre los cuestionamientos, la FEA destaca que las escuelas charter, aunque consideradas públicas, suelen ser administradas por compañías privadas con fines de lucro, algunas radicadas fuera del estado. Además, la organización indicó que gran parte de los estudiantes beneficiados por vouchers ya asistían a instituciones privadas: alrededor del 69% de los 524 mil alumnos cubiertos por estos programas provenían originalmente del sistema privado. El sindicato solicitó a la justicia declarar inconstitucional el actual esquema de financiamiento y frenar el envío de dinero público a vouchers y escuelas privadas.